La magistrada Magda Pereira Villalobos votó en solitario en favor de anular “íntegramente” la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal de Goicoechea, en octubre de 2009.
Sus compañeros en la Sala Tercera rechazaron esa pretensión.
Los motivos de unos y otros no se conocen porque ayer solo se divulgó la parte dispositiva del fallo. Los razonamientos se darán a conocer en algunas semanas.
“Se mantiene por mayoría la sentencia condenatoria en contra de todos los imputados. La magistrada Pereira salva el voto, anula la sentencia íntegramente y ordena el reenvío para un nuevo juicio”, dice el documento.
Aunque su decisión no cambió el rumbo del fallo inicial, sí le dio un viraje a la historia el hecho de compartir criterio con Jesús Ramírez y Carlos Chinchilla para recalificar los delitos atribuidos al exmandatario Rafael Ángel Calderón.
Al quedar condenado por uno en vez de dos delitos de peculado que inicialmente se le atribuyeron, la pena disminuyó de cinco a tres años de cárcel. Eso abrió el camino a la ejecución condicional de la pena que lo libra de ir a prisión.
Esos beneficios se extendieron a otros cinco imputados, de tal forma que nadie fue a prisión por el escándalo Caja-Fischel.
Pereira llegó a la Sala de casación penal en abril de 2005.
Para su nombramiento hicieron falta 33 rondas de votación, en la última de las cuales obtuvo el apoyo de 40 diputados.
“Un juez no puede hacer diferencia en los casos por las personas que son juzgadas. Todos los casos son importantes.
”El juez tienen que tener conciencia que detrás de cada expediente hay un ser humano, una familia y una sociedad que espera justicia”, dijo Pereira a La Nación , días después de asumir el cargo en la Corte Suprema.
La gran expectativa que rodeó esa escogencia se debió en gran medida a las decisiones que les correspondería tomar a quienes integraran la Sala Tercera en los siguientes años.
Estos eran, precisamente, los casos de los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez. El primero se resolvió ayer y el otro sigue pendiente.
Previo a esta decisión, Pereira, de 58 años, y los magistrados Chinchilla y Ramírez fueron cuestionados en dos correos electrónicos anónimos.
El último circuló cinco días atrás cuando una persona bajo el nombre del padre fallecido de la magistrada denunció supuestos acuerdos para liberar a Calderón de la condena.
Pereira contestó el correo para reprochar que el autor se escondiera bajo esa identidad.